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Cambia ciberespacio normas tradicionales

En otra entrevista, el experto en Derecho Informático e investigador honorario de la Escuela Libre de Derecho, el Lic. Adolfo Reyes ve puntos pendientes en delitos cibernéticos…

El fenómeno va más por el lado de hacia dónde vamos a legislar, los abogados incluso se vuelven más consultores que picapleitos en el derecho informático. El estado tendrá que darle formas, pero finalmente va a ser un derecho más aplicable”.

Desde la aparición del Internet las telecomunicaciones se han agilizado y la informática se ha involucrado en casi todos los aspectos de la vida cotidiana, lo que implica que los contratos, las relaciones humanas y los delitos también requieren nuevas reglas, explicó Adolfo Reyes, experto en derecho informático e investigador honorario de la Escuela Libre de Derecho.

La velocidad de los cambios y las interacciones en la red ha obligado a los particulares a crear sus propias normas y buscar soluciones para muchas situaciones legales, ya que no pueden esperar a que los jueces o las leyes actuales las resuelvan, añadió el experto.

A pesar de que se ha buscado legislar algunos aspectos del comercio virtual o las firmas electrónicas en vista de su creciente utilización, en materia penal es muy poco lo que se ha hecho, por lo que perseguir un delito de este tipo sigue siendo muy complicado, abundó.

“Hay un departamento de ciberpolicía que es de los más evolucionados, pero el primer problema que tienen es el marco legal. En materia penal, para que una conducta sea delito tiene que estar descrita en el código penal como acreedora de pena, no valen las analogías”, indicó.

“No tenemos un capítulo de delitos informáticos ni en el Código federal ni en locales. Lo más que tenemos en el Código federal es el 211 Bis, que es el acceso no autorizado, y algunas disposiciones dispersas en algunos otros códigos de distintas entidades del País”.

A los ilícitos que se investigan hoy día, como el fraude o la suplantación de identidad, precisó, se suman las crecientes complicaciones que se presentan para perseguir la piratería y otras

formas de delincuencia cibernética que empiezan a crearse, como cibersquating, el pharming o el grooming. Además de que la realidad ha logrado superar a las normas, Reyes

indicó que en los últimos cuatro años la gente ha aprendido la importancia y el valor que tiene su información, por lo que la legislación ha tratado de contemplar mecanismos para proteger sus datos, sin embargo aún queda un largo camino por delante.

“Cada vez son problemas menos del Gobierno hacia los particulares y más entre particulares, por eso la evolución se da en leyes que tratan de regular derechos entre particulares”, señaló.

“Surgieron disposiciones en materia de comercio electrónico y tenemos una ley de datos personales en posesión de particulares, un elemento que muestra hacia dónde se va moviendo el derecho informático”.

Para Reyes, el reto va más hacia la ciudadanía que hacia el es tado, quien debe enfocarse a tratar de regular las operaciones entre particulares y digitalizar los servicios, principalmente aquellos de consulta.

“Si el estado quiere conservar poder tiene que permitir el acceso a la información, tiene que ser un vehículo, o un nodo entre los particulares, un nodo que dé certeza porque de pronto muchas veces prefieres consultar bases(de datos) particulares en lugar de las oficiales porque están más actualizadas”, criticó.

El experto señaló que el derecho depende de que en la realidad se presenten los cambios para poder legislarlos, sin embargo, apuntó que pronto la informática no será sólo una rama sino una característica de cualquier tipo de derecho, por lo que sólo hace falta empezar a involucrarse.

Saltos cuánticos en el camino hacia la incorporación de los cambios tecnológicos en la ley se han modificado algunos tipos penales capitalinos.

El 16 de agosto de 2007, en el artículo 187 de Código Penal para el DF se incluyó en el tipo penal de la pornografía el uso de sistemas de cómputo o electrónicos. El 8 de enero de 2008, al artículo 236, referente a la extorsión, se añadió la mitad de la pena a quienes utilicen como medio comisivo la vía telefónica, el correo electrónico o cualquier otro medio de comunicación electrónica.

El artículo 231 establece una pena de 25 días multa hasta 11 años  de prisión a quien se introduzca a los sistemas o programas de informática del sistema financiero e indebidamente realice operaciones.

El 19 de julio de 2010 se creó el artículo 211 Bis, por medio del cual se sanciona la usurpación de identidad con fines ilícitos con una pena de 1 a 5 años de prisión y de 400 a 600 días multa.

Fuente: Periódico Reforma 20 septiembre 2011, Descargar PDF

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